Escribo desde mi perspectiva como profesional de la salud y líder religioso*. Reflexiono sobre el Proyecto del Senado 1, «Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico», el cual busca expandir las protecciones para la libertad religiosa, pero cuya redacción plantea riesgos significativos para el bienestar público y los derechos civiles, especialmente en temas como la vacunación y la discriminación.
Vacunación: Un asunto de salud pública y responsabilidad ética
La pandemia del Covid-19 puso en el centro del debate la vacunación, un tema que hasta entonces había sido marginal. Sin embargo, presenciamos cómo nuestros líderes políticos carecían de argumentos científicos al valorar la inmunización. Ahora, este proyecto de ley revive posturas anticientíficas que representan un riesgo para la salud pública.
La evidencia científica es clara: las vacunas han salvado millones de vidas y prevenido enfermedades graves como el sarampión y la poliomielitis. En países como el Reino Unido y Rumania, el descenso en las tasas de vacunación debido a la presión de los grupos antivacunas ha provocado brotes de enfermedades erradicables. Este proyecto de ley, al priorizar la libertad religiosa sin restricciones claras, podría debilitar las políticas públicas de vacunación obligatoria, poniendo en riesgo la salud colectiva. ¿Quién o quiénes están detrás de esta agenda anticientífica y peligrosa para nuestra sociedad?
Las leyes y las políticas públicas en salud deben diseñarse con un enfoque respaldado por evidencia científica sólida. Esto implica integrar datos empíricos, resultados de investigaciones rigurosas y análisis objetivos en cada etapa del proceso de formulación. Tal enfoque asegura que las decisiones gubernamentales no solo respondan a necesidades reales, sino que también sean eficaces, sostenibles y adaptadas a los contextos sociales, económicos y culturales específicos. Al fundamentarse en la ciencia, estas políticas pueden anticipar consecuencias, maximizar beneficios, minimizar riesgos y fomentar la confianza ciudadana, contribuyendo así a un desarrollo más equitativo y sostenible.
El avance de los grupos antivacunas
Resulta alarmante el avance de los grupos antivacunas en su intento por influir en la legislación de Puerto Rico. Organizaciones como ICAN (Informed Consent Action Network), liderada por figuras como Aaron Siri, consejero de Donald Trump en materia de salud pública y reconocido activista antivacunas, han logrado posicionar narrativas que minan la confianza en la ciencia y fomentan la desinformación. Estos grupos, con acceso a recursos financieros y plataformas mediáticas de gran alcance, utilizan tácticas que apelan al miedo y la desconfianza hacia las instituciones médicas, tergiversando datos y presentando casos aislados como verdades universales.
La influencia de estos movimientos no es menor. Han conseguido obstaculizar políticas públicas esenciales, promoviendo excepciones basadas en ideologías que ponen en riesgo la salud colectiva. Este fenómeno no solo afecta a Puerto Rico, sino que refleja una tendencia global donde los antivacunas aprovechan el marco de «libertades individuales» para debilitar sistemas de inmunización que históricamente han salvado millones de vidas. ¿Quién o quiénes permitirán que estas agendas entren en nuestra legislación y comprometan el bienestar de las futuras generaciones?
Entre la libertad religiosa y el bien común
El proyecto enfatiza que el gobierno no puede «menoscabar sustancialmente» la libertad religiosa, incluso en situaciones de conflicto con otras leyes. Durante la pandemia, muchas iglesias demostraron que el bien común podía primar sobre el bien individual, pues aunque los templos estuvieron cerrados, las comunidades religiosas no dejaron de servir a sus miembros y a la sociedad en general. Este compromiso ejemplifica que la fe no solo se vive en los espacios de culto, sino también en el cuidado y la solidaridad hacia el prójimo.
Sin embargo, la formulación de este proyecto de ley parece promover una narrativa diferente, donde los intereses individuales pueden prevalecer sobre el bienestar colectivo. Este cambio en prioridades es preocupante, especialmente cuando se enmarca bajo el paraguas de la libertad religiosa sin considerar sus posibles implicaciones en la salud pública y los derechos civiles. ¿Quién o quiénes redactaron un proyecto que prioriza intereses individuales sobre el bienestar colectivo?
Leyendo entrelíneas
Aunque el tema de la libertad religiosa y cómo esta se ejerce frente a la vacunación aparece como central en el contenido del Proyecto del Senado 1, hay mucha tela para cortar y las entrelíneas del texto son más preocupantes:
Así como está redactado, se abre una puerta para la discriminación amparada en la libertad religiosa al mencionar que el Estado no podrá imponer sanciones ni limitar su ejercicio, incluso cuando surjan conflictos con otras leyes de derechos civiles. Esto es sensible y peligroso, ya que permite que personas respaldadas por un uso sesgado de la libertad religiosa, discriminen o tengan prácticas coercitivas al amparo de la ley. ¿Quién o quiénes están empujando la puerta para volver a discutir, entre otras cosas, las controvertidas terapias de conversión?
Libertad religiosa y educación
Las disposiciones del proyecto de ley permiten que los estudiantes y el personal escolar expresen abiertamente sus creencias religiosas, lo que, en teoría, aparenta ser algo neutral e inofensivo. El texto no especifica de qué manera las minorías religiosas van a ser respetadas y protegidas en su derecho a expresar abiertamente sus creencias religiosas. Por otra parte, tampoco está implícitamente garantizado el derecho de la comunidad LGBTTQ, históricamente relegada, marginalizada y discriminada por la religión. El lenguaje sobre valores religiosos siempre es ambiguo. ¿Quién o quiénes están detrás de imponer su ideología religiosa en las escuelas? No todo es lo mismo, ni todo es igual. No es lo mismo el cristianismo progresista que el conservador, por mencionar dos grupos, y aunque los miembros de ambos se identifiquen como cristianos.
Tal como está redactado, el proyecto representa un riesgo y una amenaza en materia de derechos civiles porque prioriza la protección de la libertad religiosa incluso en situaciones donde esta podría ser utilizada para justificar la discriminación. Las preocupaciones manifiestas tempranamente por las organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBTTQ y expresadas también por los miembros de nuestras congregaciones que pertenecen a ese colectivo están bien fundadas, pues las amplias exenciones y protecciones basadas en las creencias religiosas pueden tener un impacto desproporcionado en la comunidad LGBTTQ, socavando los esfuerzos para garantizar igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas.
Alternativas
Si algo he aprendido en estos años de ejercicio de la pastoral es que pastores y pastoras no somos simplemente predicadores, gente de iglesia o guardianes de dogmas y confesiones. Además de estas funciones, somos también formadores de pensamiento crítico y de personas útiles para la sociedad en la que vivimos. Nuestra influencia va más allá de lo estrictamente religioso, lo que nos hace conscientes de la responsabilidad que tenemos al interactuar con las realidades políticas y sociales. Por eso, no es de extrañar que el discurso religioso permee el ámbito político y que seamos constantemente seducidos por proyectos e iniciativas provenientes del poder, muchas veces con intenciones no manifiestas.
Con esto en mente, considero que el texto del proyecto bien podría fortalecerse incluyendo las siguientes disposiciones:
- Especificar la protección para minorías: Incluir disposiciones claras que garanticen el respeto y la protección de las minorías religiosas y comunidades LGBTTQ dentro del marco de la libertad religiosa.
- Prohibición explícita de discriminación: Incorporar cláusulas que prohíban el uso de la libertad religiosa como justificación para actos discriminatorios y coercitivos, protegiendo así los derechos fundamentales de todas y todos los ciudadanos.
- Educación inclusiva: Diseñar programas que promuevan una comprensión equilibrada de la libertad religiosa y su relación con el respeto a los derechos civiles, fomentando un diálogo inclusivo y enriquecedor en las comunidades.
- Fortalecer la vacunación: Implementar incentivos, campañas educativas y públicas basadas en evidencia científica para promover la vacunación, especialmente en sectores religiosos que muestran escepticismo hacia esta práctica.
La libertad religiosa es un pilar de nuestra sociedad, pero no debe usarse como excusa para retroceder en derechos fundamentales ni para comprometer la salud pública. Este proyecto, tal como está redactado, representa un riesgo para el bienestar colectivo y la equidad. Necesitamos políticas que respeten la diversidad y garanticen justicia para todos y todas. ¿Quién o quiénes estamos dispuestos a defender estos principios?
* El autor es ministro ordenado de Palabra y Sacramento en la iglesia luterana (ELCA) y enfermero especialista en cuidado crítico.